ASUNTO: UE – IMPLANTACION ZONAS DE PROTECCION DE VMES
Lonja de la Coruña, S.A. integrada por 6 asociaciones del sector extractivo y comercializador
que operan en este puerto (Asociación de Armadores Pescagalicia-Arpega-Obarco; Asociación
de Armadores de Pesca del Norte; Organización de Productores de Pesca Fresca del Puerto de
La Coruña; Organización de Buques Arrastreros Coruñeses; Asociación Local de Empresarios
Mayoristas Exportadores de Pescados y Mariscos de La Coruña; Asociación de Empresarios
Subastadores de Pescados y Mariscos del Puerto de La Coruña) quisiere expresar su total
indignación y rechazo a la decisión adoptada recientemente por la Comisión de Medio
Ambiente, Océanos y Pesca para implantar 87 zonas de protección de ecosistemas marinos
vulnerables en aguas comunitarias del Atlántico Noroccidental.
Entendiendo y defendiendo la necesaria conservación y sostenibilidad del medio ambiente
marino y de sus recursos pesqueros, así como la protección de aquellos ecosistemas marinos
más vulnerables, nos resulta difícil de comprender que un reglamento establecido para regular
las pesquerías de aguas profundas afecte finalmente a los buques pesqueros y a las especies
de las pesquerías demersales que no han sido objeto de dicha regulación.
Apoyamos todos los argumentos expresados en los medios de comunicación por las diversas
administraciones y las entidades representativas del sector pesquero, así como del resto de las
actividades económicas vinculadas directa e indirectamente a la pesca, máxime teniendo en
cuenta que no hay una evaluación del impacto social y económico que la medida adoptada
tendrá sobre la flota pesquera afectada y sus tripulaciones. El proceso de consulta es más que
discutible al no haber una consulta clara y precisa con el sector pesquero directamente
afectado y el propio ICES reconoce en su informe la falta de datos de huellas de esfuerzo
pesquero primordiales para la elaboración de un dictamen riguroso y mínimamente fiable, así
como la utilización de datos de huella pesquera desactualizados. Además, hay que sumarle la
“no opinión” como resultado de la consulta de la propuesta al Consejo Consultivo de Pesca del
Consejo Europeo.
Pese a ello, la Comisión ha decidido no escuchar ni a las administraciones ni al propio sector
pesquero y continuar con su objetivo, pese a que en el mes de noviembre habrá un nuevo
dictamen del ICES con los datos más recientes disponibles e incluyendo la huella pesquera de
todos los artes de fondo.
Queremos recordar que esta lonja ha tenido una producción de casi 30.000 toneladas de
productos pesqueros por un valor de más de 64 millones de euros en el último año, y con un
impacto social de más de 10.000 trabajadores en el puerto y en la ciudad de A Coruña, y de
cuya actividad no solo dependen multitud de empresas vinculadas en la actividad pesquera,
sino que también afectará a toda la comunidad portuaria, incluyendo a talleres, varaderos,
suministros, transportes, etc...
La implantación de esta normativa el próximo 9 de octubre conllevará a que una parte de la
flota afectada tenga que paralizar su actividad pesquera por falta de viabilidad y al no disponer
de caladeros de pesca donde largar sus aparejos, originará graves conflictos en la mar por la
disputa de los caladeros de pesca restantes, llevará a una bajada de la productividad de
capturas y por ello, menos pescado para los consumidores finales y una pérdida de parte de la
soberanía alimentaria que tanta importancia ha tenido durante estos convulsos años de
pandemia y con la reciente guerra en Ucrania.
Galicia es altamente dependiente de la pesca y de sus sectores productivos, por lo que
consideramos necesario y obligatorio que el Estado español presente un recurso contra esta
normativa, solicitando medidas cautelares para la suspensión de este reglamento, a la espera
de los nuevos informes actualizados del ICES sobre este asunto.
Asimismo, queremos indicar a la ciudadanía, la importancia de contar con su apoyo para que
no desaparezca de Galicia algo tan arraigado entre nosotros como es la pesca y la cultura
marinera.
También, mostrar nuestra solidaridad con el resto de poblaciones que a lo largo de la costa de
España están sufriendo igual que nosotros estas desproporcionadas medidas de protección del
medio ambiente y poniendo en jaque multitud de puestos de trabajo de los pescadores y de
sus empresas, de sus familias, en definitiva, de toda la comunidad pesquera española y
europea.